Me referiré exclusivamente a la sección 4ta del capítulo segundo de ACTA, titulado: “Ejecución de los derechos de la propiedad intelectual en los medios digitales”. Este apartado se refiere especialmente a las violaciones al copyright en Internet en lo que se llama “entorno digital” y a los medios con los que se pretende combatir tales violaciones.
El texto al que se hemos tenido acceso dice que los firmantes del tratado deben “asegurar en sus leyes procedimientos efectivos contra delitos que dañen marcas registradas, copyright u otros derechos de propiedad intelectual, tales que permitan actuar expeditivamente contra las violaciones que ocurran en Internet, incluyendo remedios que sean también un disuasivo para futuras violaciones”.
Acto seguido dice de qué modo se deben instrumentar tales procedimientos. El elemento clave en todas las opciones consideradas son las empresas Proveedoras de Servicios de Internet (ISP’s por su siglas en inglés). ACTA pretende que los países firmantes deleguen en sus ISPs la obligación de monitorear toda la actividad en la red de sus clientes para detectar los momentos en que suban o bajen contenidos protegidos por copyright. Esa información se daría a la autoridad correspondiente para sancionar a los piratas.
Aunque los documentos entregados tras la ronda de negociaciones de ACTA en Nueva Zelanda niegan expresamente que algún participante haya propuesto que se generalice la regla de los “tres strikes”, es decir, que los que violen el copyright subiendo o descargando contenidos de Internet reciban dos advertencias antes de ser desconectados, no se ha retirado del texto el involucramiento de los ISPs en las tareas de control e inspección.
Esta forma de proceder criminaliza al usuario de Internet y viola su privacidad. Equivale a colocar un policía dentro cada casa y oficina presuponiendo que cuando alguien se acerca a su computadora es posible que delinca. No soy abogado, pero creo entender que en este país las leyes no permiten tratar así a los ciudadanos.
Pero más allá de la invasión de la intimidad, lo preocupante es el sistema de control mismo. Una vez instalado nada garantizará que en el futuro no se use para el control político o informativo. La ciudadanía nada gana si se monitoreara permanentemente el periodismo independiente que está floreciendo en Internet, el intenso activismo político que se hace desde la Sociedad Civil en twitter, o si el gobierno en turno observa a sus rivales políticos. Un sistema de monitoreo continuo de la actividad de los usuarios de Internet es un peligro para la democracia.
Por otra parte, las computadoras y programas destinadas al monitoreo tendrán un costo que terminará por ser transferido a los usuarios. El acceso a Internet en este país, que ya de por sí es uno de los más caros y lentos del mundo se encarecería aún más.
¿Qué interés puede tener firmar un tratado internacional que implica criminalizar a los ciudadanos? ¿Quién se beneficia de él?
El día de ayer un empresario mexicano, del ramo farmacéutico, puso en twitter los siguientes mensajes: “Recibí inspección del IMPI en mi empresa. Me dió gusto el combate a la piratería. Me sorprendió que al frente estuvieran empleados MicroSoft”. Y un poco más tarde la misma persona escribió: “El IMPI debe cuidar sus procedimientos de verificación: son impugnables a todas luces. Un particular no tiene facultades de auditoria”.
Así introduzco la siguiente parte de mi breve participación. La sección en la que ACTA trata de regular a Internet, llamándolo por su nombre eso es lo que pretende hacer, para combatir las violaciones a los derechos de autor están pensadas exclusivamente desde la perspectiva de las grandes empresas productoras de contenidos. Una de las pocas cosas que se sabe sobre las rondas de negociaciones de ACTA es que están presentes representantes de los emporios del software, de las disqueras y de las productoras de cine.
Cuando hablé por primera vez con el diputado Salvador Caro sobre este tema, hace dos semanas, le pedí una definición clara sobre la regulación de Internet que ACTA pretende. El me respondió que aún no tenía una opinión precisa y que al final, la que tendrá será la que de mejor modo premie la actividad creativa y la generación de trabajos en el entorno digital. A mí me parece un excelente criterio para fijar una postura al respecto.
Preguntémonos, ¿se cumplirá este objetivo ofreciendo más seguridades a las grandes productores de contenidos de entretenimiento y software, o más bien se llegará a él poniendo las bases para que nuevas empresas, de preferencia nacionales, se abran paso y coloquen masivamente sus productos. Entre más empresas mejor porque así, además de generar los empleos, se multiplican los salarios elevados.
ACTA en lo relativo a Internet es una distracción. Las autoridades deberían estar ocupadas en acelerar la revolución que está por darse, la revolución del software libre y de código abierto en vez de esforzarse por hacer valer las viejas reglas del copyright en un mundo que ha cambio y ha cambiado para bien. Este es un reto mucho mayor porque implica repensar de raíz las leyes de propiedad intelectual de tal manera que surjan nuevas formas de hacer negocios ajustadas a la realidad actual y a la mentalidad de los jóvenes, que son mucho más solidarios y no tienen problemas en compartir sus creaciones mucho más que antes. Hoy en día los programadores independientes ofrecen sus creaciones para uso libre, sin cobrar, y permitiendo que otro programador haga mejoras al producto original, éstas se quedan que el programa de modo que ahora es mejor, más eficiente y sin errores que antes. Si no se tienen los conocimientos para modificar el programa, se deben solicitar los servicios del creador, que entonces cobra por su trabajo. El resultado es que se tienen aplicaciones a la medida y se paga solo por los recursos que se van a usar. Comparemos esto con la licencia que hay que pagar para usar el programa Excel de la empresa Microsoft. Ese programa tiene cerca de 70,000 funciones. Al pagar la licencia se pagan todas y cada una de las funciones y además no se permite modificar el programa. Piénsese en lo que se ahorraría si por ejemplo, el Gobierno Federal recurriera a este tipo de programas. No solo se ahorraría, sino que se podría también general empleos bien pagados si se tuviera una política que favorezca la compra de productos desarrollados por programadores nacionales, que los hay, y muy buenos.
Con los contenidos musicales pasa otro tanto. El grupo Radio Head fue el primero en desvincularse por completo de las empresas disqueras. Tienen una página de Internet en la que suben sus canciones, unas de ellas gratis, otras a la venta. Cuando venden, la totalidad de la utilidad es para ellos, los mediadores se volvieron prescindibles gracias a Internet. ¿No podría desarrollarse una política gubernamental que incentive a los creadores mexicanos a hacer lo mismo?
En Brasil han pensado bien todo esto y recientemente promulgaron una ley de derechos de autor que considera estas nuevas realidades. El creador de la licencia Creative Commons ha dicho que la legislación brasileña se ha colocado en la vanguardia mundial. Entre otras cosas, se decretó que todas las dependencias gubernamentales deben usar solo software libre y de código abierto, volviéndose así ese país en un paraíso para las empresas que desarrollan esos productos.
Como decía, ACTA nos está distrayendo. No tiene ningún caso intentar contener mediante regulaciones una realidad que se ha irrumpido tan arrebatadamente, con tanta fuerza. Internet con su neutralidad y descentralización radicales llegó para quedarse. El camino no es por ahí. Lo que debería hacerse es legislar para que surjan nuevas formas de hacer negocio con la propiedad intelectual en las condiciones actuales, es decir, con contacto más directo e intensivo entre la gente, con mucho menos protagonismo de los intermediarios.
jueves, 29 de abril de 2010
viernes, 23 de abril de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
sábado, 10 de abril de 2010
Terapia para 'agachones'. Publicado en Mural el 10 de abril de 2010
((Si tienes claves de acceso para diarios de Grupo Reforma te pido por favor que leas este artículo en la siguiente liga: http://www.mural.com/editoriales/nacional/530/1058223/default.shtm)
En este País alguien que pretenda demandar al Gobierno porque un bache en Avenida Patria le ponchó una llanta, o porque chocó en un crucero mal diseñado, como el que está frente al Hospital San Javier, es un loco o un desubicado. Y si alguien intenta obligar a Telcel o a Megacable a que te devuelva el dinero proporcional a los minutos que te dejó de dar el servicio pagado por adelantado, es una especie de Don Quijote ideático que cree que puede hacer algo contra los monopolios gigantes que padecemos todos los días.
La actitud que tenemos hacia el abuso de los poderosos se debe en parte nuestro sistema legal. México y Haití son los únicos dos países del continente americano que no contemplan la demanda de "acción colectiva" (class action, en inglés) en su legislación. Si un bache poncha las llantas de cien coches y los agraviados se decidieran a demandar al Ayuntamiento, los jueces de este País deben recibir 100 demandas individuales; y si los millones de usuarios de Telcel quisieran demandar a la empresa por los minutos de servicio robados aquí y allá, los jueces recibirían millones de demandas individuales. Evidentemente esto no es viable y lo único que le queda a los agraviados es tragarse estoica y mexicanamente su coraje, o derramar su bilis en una página de Internet del tipo de www.apestan.com, en su blog personal -si es que lo tiene-o en las redes sociales.
Desde hace años, la ONG Alconsumidor (www.alconsumidor.org), presidida por Daniel Gershenson en asociación con Adriana Lombardini, ha hecho una paciente labor de cabildeo para impulsar la reforma constitucional que permita la figura de demanda de acción colectiva en nuestro País. Su trabajo ha rendido frutos y la reforma ya ha sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores sin que haya causado mucho ruido en los medios. Queda todavía que la reforma sea aprobada por al menos 17 congresos estatales y la redacción de la ley secundaria que haga practicable, de modo efectivo, la nueva figura introducida en la Constitución.
Es de capital importancia para todos que termine de concretarse de modo efectivo y práctico la gran labor que comenzó Daniel Gershenson y Adriana Lombardini con su ONG.
Me atrevo a decir que las acciones colectivas son una medicina o una terapia para el "agachonismo" que nos aqueja nacionalmente. Como las demandas de acción colectiva fácilmente conllevan, en caso de que el juez falle a favor de los demandantes, indemnizaciones millonarias, los despachos jurídicos que las toman suelen cobrar un porcentaje de la indemnización impuesta al demandado.
Esta forma de cobrar permite que personas de escasos recursos tengan acceso a abogados que de otra forma no podrían pagar ni en sueños. Se trata de abogados de despachos jurídicos con posibilidades reales de ganar un juicio a los poderosos. En la película "Erin Brockovich" se cuenta el caso de una acción colectiva de la gente de un pueblo en Estados Unidos, que enfermó de cáncer y tuvo hijos con malformaciones genéticas, contra la empresa que vertió desechos tóxicos en el río del que se surtían de agua.
Aquí en México podría usarse la figura para resolver los graves casos de los niños quemados en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, o los jóvenes muertos en la Discoteca News Divine en el Distrito Federal, o los niños desaparecidos de los orfanatos "Casitas del sur" en varias ciudades del País.
Pero las acciones colectivas no son sólo para casos tan graves y desgarradores como los que menciono.
Cuando le hace el banco, la compañía de telefonía celular o el proveedor de televisión por cable un cobro indebido, usted no es la única persona en ese caso. Si hubiera los mecanismos para demandar colectivamente de modo sencillo y práctico, ni siquiera se atreverían a hacer cobros indebidos. Una buena ley secundaria de acciones colectivas sería disuasoria, incluso, para los monopolios más poderosos del País.
Este tema lleva meses discutiéndose muy intensamente en twitter. Se ha usado el "hashtag" (#accionescolectivas) para unificar los mensajes sobre el tema. Daniel Gershenson ha impulsado el debate usando la cuenta @alconsumidor y Adriana Lombardini con @consumedida. Invito a todos y todas los que lean este editorial a que se empapen del tema y que, cada quien a su modo, promueva que se termine de aprobar la reforma constitucional que nos permita plantar cara, mostrando que todos somos uno.
Carlos López Zaragoza es doctor en filosofía y académico
www.twitter.com
carloslz carloslopezzaragoza@gmail.com
En este País alguien que pretenda demandar al Gobierno porque un bache en Avenida Patria le ponchó una llanta, o porque chocó en un crucero mal diseñado, como el que está frente al Hospital San Javier, es un loco o un desubicado. Y si alguien intenta obligar a Telcel o a Megacable a que te devuelva el dinero proporcional a los minutos que te dejó de dar el servicio pagado por adelantado, es una especie de Don Quijote ideático que cree que puede hacer algo contra los monopolios gigantes que padecemos todos los días.
La actitud que tenemos hacia el abuso de los poderosos se debe en parte nuestro sistema legal. México y Haití son los únicos dos países del continente americano que no contemplan la demanda de "acción colectiva" (class action, en inglés) en su legislación. Si un bache poncha las llantas de cien coches y los agraviados se decidieran a demandar al Ayuntamiento, los jueces de este País deben recibir 100 demandas individuales; y si los millones de usuarios de Telcel quisieran demandar a la empresa por los minutos de servicio robados aquí y allá, los jueces recibirían millones de demandas individuales. Evidentemente esto no es viable y lo único que le queda a los agraviados es tragarse estoica y mexicanamente su coraje, o derramar su bilis en una página de Internet del tipo de www.apestan.com, en su blog personal -si es que lo tiene-o en las redes sociales.
Desde hace años, la ONG Alconsumidor (www.alconsumidor.org), presidida por Daniel Gershenson en asociación con Adriana Lombardini, ha hecho una paciente labor de cabildeo para impulsar la reforma constitucional que permita la figura de demanda de acción colectiva en nuestro País. Su trabajo ha rendido frutos y la reforma ya ha sido aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores sin que haya causado mucho ruido en los medios. Queda todavía que la reforma sea aprobada por al menos 17 congresos estatales y la redacción de la ley secundaria que haga practicable, de modo efectivo, la nueva figura introducida en la Constitución.
Es de capital importancia para todos que termine de concretarse de modo efectivo y práctico la gran labor que comenzó Daniel Gershenson y Adriana Lombardini con su ONG.
Me atrevo a decir que las acciones colectivas son una medicina o una terapia para el "agachonismo" que nos aqueja nacionalmente. Como las demandas de acción colectiva fácilmente conllevan, en caso de que el juez falle a favor de los demandantes, indemnizaciones millonarias, los despachos jurídicos que las toman suelen cobrar un porcentaje de la indemnización impuesta al demandado.
Esta forma de cobrar permite que personas de escasos recursos tengan acceso a abogados que de otra forma no podrían pagar ni en sueños. Se trata de abogados de despachos jurídicos con posibilidades reales de ganar un juicio a los poderosos. En la película "Erin Brockovich" se cuenta el caso de una acción colectiva de la gente de un pueblo en Estados Unidos, que enfermó de cáncer y tuvo hijos con malformaciones genéticas, contra la empresa que vertió desechos tóxicos en el río del que se surtían de agua.
Aquí en México podría usarse la figura para resolver los graves casos de los niños quemados en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, o los jóvenes muertos en la Discoteca News Divine en el Distrito Federal, o los niños desaparecidos de los orfanatos "Casitas del sur" en varias ciudades del País.
Pero las acciones colectivas no son sólo para casos tan graves y desgarradores como los que menciono.
Cuando le hace el banco, la compañía de telefonía celular o el proveedor de televisión por cable un cobro indebido, usted no es la única persona en ese caso. Si hubiera los mecanismos para demandar colectivamente de modo sencillo y práctico, ni siquiera se atreverían a hacer cobros indebidos. Una buena ley secundaria de acciones colectivas sería disuasoria, incluso, para los monopolios más poderosos del País.
Este tema lleva meses discutiéndose muy intensamente en twitter. Se ha usado el "hashtag" (#accionescolectivas) para unificar los mensajes sobre el tema. Daniel Gershenson ha impulsado el debate usando la cuenta @alconsumidor y Adriana Lombardini con @consumedida. Invito a todos y todas los que lean este editorial a que se empapen del tema y que, cada quien a su modo, promueva que se termine de aprobar la reforma constitucional que nos permita plantar cara, mostrando que todos somos uno.
Carlos López Zaragoza es doctor en filosofía y académico
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