La educación universitaria de un joven cuesta una fortuna; a sus padres, a él o ella, o al erario, pero siempre cuesta una fortuna. Hace unos días, este diario publicó un ranking de universidades y licenciaturas ubicadas en Guadalajara. Como el primer criterio para establecer las posiciones fue la opinión de los empleadores, el ranking indica, ante todo, qué fortunas están bien invertidas y qué fortunas no.
Los estudios a nivel licenciatura no son un fin en sí mismos, como sí lo son las etapas educativas anteriores. Tienen valor en función de lo que viene después, es decir, la vida laboral como profesionista.
Al escoger carrera y universidad, ¿qué motivación podría superar a la expectativa de colocarse exitosamente en un empleo bien pagado? Evidentemente ninguna. En la universidad los jóvenes se preparan para la realización personal en el trabajo, y por esto los empleadores tienen la última palabra sobre la calidad de la educación universitaria.
La encuesta no es clara al determinar si los mejores trabajos los ganan sistemáticamente los egresados de universidades privadas caras. Si fuera así, estaríamos ante un problema ético serio. Ser rico implicaría mejor educación y por ende mejor empleo y luego más riqueza, mientras que ser pobre conllevaría peor educación, peor trabajo y continuación en la pobreza.
Estaríamos, a todas luces, ante un apartheid educativo que termina por polarizar más el ingreso. La igualdad de oportunidades exige igual acceso a la educación de calidad, sea privada o pública. La colegiatura nunca debería ser obstáculo para que un joven destacado pueda acceder a la mejor carrera universitaria.
Desde Sócrates, cobrar la educación es un tema espinoso. El principal argumento para mantener gratuita la universidad es su carácter de instrumento promotor de la movilidad social.
Los jóvenes provenientes de familias con ingresos bajos, en vez de trabajar para ayudar a incrementar el ingreso familiar, dedican unos años a recibir conocimientos y desarrollar habilidades en las aulas universitarias. Al salir de ellas tienen acceso a trabajos con mejores ingresos que los que tendrían sin los estudios. El argumento funciona sólo si la educación gratuita es de calidad. Si no es así, la universidad es un tiempo perdido.
En Chile tienen un sistema para promover la calidad en la educación superior que me parece inmejorable. Los jóvenes, al terminar el equivalente a la preparatoria, hacen un examen general de conocimientos igual para todos, algo así como una prueba ENLACE para bachillerato, que por cierto rechazó la UNAM hace dos semanas.
El resultado de ese examen se pondera con el promedio obtenido en su educación media superior, pero dando más peso al examen. Una vez establecido el parámetro que permite comparar el desempeño de todos los jóvenes en el bachillerato, se asigna a cada alumno un presupuesto individual para su educación universitaria. A mayor puntaje, mayor presupuesto. Luego, cada muchacho y muchacha busca la admisión en la universidad que quiera, sea pública o privada, da igual.
Cuando el alumno se inscribe, la universidad comienza a recibir del Estado el presupuesto destinado a ese alumno. El resultado es un círculo virtuoso: las universidades, públicas y privadas sin distinción, se pelean por los mejores alumnos, vengan de donde vengan, pues son los que más recursos traen, y ellos y ellas buscan las universidades con los mejores programas, es decir, los que ofrecen mejores condiciones en la primera contratación.
El sistema chileno rompe las fronteras sociales que tienden a poner las universidades, la pública y gratuita para los pobres (excepto las carreras de gran prestigio que atraen a alumnos que podrían pagar la universidad privada), y las privadas para personas con ingreso alto (excepto los becados y los que tienen créditos disfrazados de becas para disimular el elitismo que se da en ellas).
Qué bueno que tengamos un ranking de universidades basado en la opinión de los empleadores. Falta ahora un sistema que permita a los mejores alumnos acceder a la mejor educación, esté donde esté
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