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Durante 1992 se negociaron con Estados Unidos y Canadá los términos en que se firmaría el Tratado de Libre Comercio (TLC). Las noticias de ese entonces estuvieron marcadas por el tema: se sabía de los nombres de los negociadores de cada país, quién era el jefe de cada delegación, las universidades en que estudió cada uno de ellos.
También se sabía la agenda a tratar, los temas que cada día se abordaban, las posturas de cada país sobre cada tema, los puntos de acuerdo y desacuerdo. Una vez acordados los términos del tratado, también se supo que México estaba pagando una enorme cantidad de dinero en lobbying para que se aprobara el Tratado en las Cámaras de Estados Unidos.
Compare usted el volumen de información que fluía entonces con el que ahora nos llega sobre el tratado ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement / Acuerdo Comercial Antifalsificación) cuyo capítulo séptimo se discutió de miércoles a viernes de esta semana en esta ciudad de Guadalajara.
No hablamos de un tratado menor, pues el objetivo del mismo es garantizar los derechos de autor y propiedad intelectual y eso lo están negociando Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, Korea, México, Marruecos, Singapur, Suiza y los Estados Unidos. El hotel Fiesta Americana Grand recibió esta semana aproximadamente a 60 delegados de esos países.
Si usted no conoce nada sobre ACTA es porque así lo han querido los Gobiernos involucrados, pese a que dicho tratado tendría efectos sobre mil millones de usuarios, aproximadamente. Todas las rondas de negociación se han manejado a puerta cerrada, incluso con secrecía, y las celebradas en Guadalajara no han sido la excepción.
A pesar de los cuidados que han tenido los negociadores, algunos documentos se han filtrado. Por eso se sabe que el apartado cuarto del tratado es sobre la piratería en Internet y de los términos en que piensan combatirla.
Resulta que el criminal a perseguir será el usuario. Usted, yo y todo el que se conecte a Internet será monitoreado para controlar qué páginas visita, qué información envía y recibe. Como esto no es posible desde un lugar único controlado por el Gobierno, el ACTA pretende obligar a los países involucrados a imponer las labores de monitorio a los usuarios a las empresas proveedoras de Internet (ISP por sus siglas en inglés).
Es decir, su actividad diaria en Internet será observada por la empresa que le provee el servicio, mediante algún programa que estará buscando los momentos en los que usted envíe o descargue contenidos protegidos con copyright.
Los ISPs tendrán obligación de informar a la Policía sobre ese tipo de actividad ilícita y de proporcionar las pruebas para que se pueda actuar legalmente en su contra. Incluso se sabe que parte del castigo es la prohibición de contratar una conexión a Internet con cualquier empresa durante un periodo de tiempo.
Es evidente que ACTA pretende proteger el copyright, que tantos beneficios da a los intermediarios que hay entre creadores y consumidores (sobre todo disqueras), cometiendo una de las más grandes blasfemias de nuestro tiempo, regulando Internet. De ahí el secreto, la falta de trasparencia. Si se supiera clara y abiertamente que se pretende hacer eso, se daría una revolución.
El jueves pasado algunos internautas se presentaron en el hotel donde se hacían las negociaciones para exigir que se dé conocer a ciencia cierta qué pasa. Por supuesto, los sacaron ipso facto, pero nada impidió que en la calle mostraran unas pancartas con la leyenda www.openacta.org y una laptop encadenada simbolizando lo que se está tramando en esas sesiones.
Internet no se debe regular por ningún motivo. Una vez puestos los instrumentos de monitoreo pueden usarse para cualquier fin, por ejemplo el control político o informativo. Hoy en día nada puede ayudar más a la democracia y a la expansión de las libertades que Internet. Los ejemplos sobran.
ACTA pretende hacer que el mundo contemporáneo, especialmente los jóvenes, se sometan a las viejas reglas sobre la propiedad intelectual como si nada hubiera cambiado, como si ahora la gente no fuera más solidaria y participativa que antes.
El camino no es por ahí. Lo que debería hacerse es legislar para que surjan nuevas formas de hacer negocio en las condiciones actuales: con contacto directo e intensivo entre la gente, sin intermediarios.
Carlos López Zaragoza es doctor en Filosofía y Académico
carloslopezzaragoza@gmail.com www.twitter.com/carloslz
